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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York, luego de haber sido capturado por los Estados Unidos. El mandatario enfrenta cargos por supuesto narcotráfico en una causa impulsada por el Departamento de Justicia norteamericano. “Se trata de una acción narrativa dirigida contra la Revolución Bolivariana y contra Maduro; una construcción que se repite contra todos los países que desarrollan políticas contrarias al poder del imperialismo”, aseguró Martín Pulgar, politólogo y analista venezolano, en diálogo con Acentos.

El Gobierno interino de José Jerí publicó el decreto de urgencia que autoriza la reorganización patrimonial de la empresa petrolera Petroperú y dispone su incorporación al régimen de promoción de la inversión privada. "Perú ya había atravesado procesos de privatización de distintas maneras durante el fujimorismo, y lo que hoy impulsa el Gobierno aparece como la culminación de ese camino; se trata de una decisión que responde a intereses empresariales y que funciona como una herramienta política para sostener su forma de gobernar", explicó Anahí Durand Guevara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, en diálogo con Acentos. "El principal argumento es que la empresa se encuentra en quiebra y representa una carga para el Estado; sin embargo, se cuestiona que una decisión de semejante relevancia sea impulsada por un Gobierno que no surgió de un mandato directo de las urnas", detalló. La socióloga indicó que "el Gobierno de Jerí aprovechó la medianoche del 1 de enero para firmar los decretos, una maniobra orientada a evitar la exposición pública y el debate". "En el horizonte aparece un proceso de despidos y la situación genera preocupación adicional por los antecedentes de José Jerí, quien enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito, lo que alimenta las sospechas sobre posibles negociados detrás de estas decisiones", cerró. Guatemala registró una disminución en los índices de homicidios El Gobierno informó una disminución del 18,75% en los índices de homicidios durante el último cuatrimestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. Las reformas en el Sistema Penitenciario y las estrategias ejecutadas para combatir el crimen fueron algunos de los avances en seguridad destacados. "El presidente sostuvo la necesidad de herramientas más fuertes, pero dentro del Estado de derecho y que el objetivo no es un régimen de excepción, sino una mano firme con garantías; pero ahí el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia están en un proceso de retroceso en materia democrática", sostuvo Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, en Acentos. "La narrativa que se quiere mantener por parte del Gobierno es el actuar dentro del ámbito de la seguridad democrática y justicia efectiva, y recuperar la autoridad del Estado, enfatizando en el rol civil en la conducción de la fuerza pública", analizó.

Un informe del Instituto Brasileño de Geografía e Estadística confirmó una fuerte caída de la pobreza y la pobreza extrema en 2025, con una reducción por 3° año consecutivo. Los indicadores alcanzaron sus niveles más bajos desde 2012, impulsados por la recuperación del empleo y el sostenimiento de políticas sociales.

El presidente Gustavo Petro anunció una suba del salario mínimo del 23,7%, la mayor de este siglo. El Gobierno defiende la medida como una mejora en la calidad de vida, mientras el sector empresarial la cuestiona por considerarla insostenible. "Legalmente, todos los meses de diciembre se abren negociaciones entre los gremios y el sector empresarial para definir el aumento del salario mínimo; cuando no se alcanza un acuerdo, el Gobierno tiene la potestad de establecerlo por decreto", expresó Shameel Thahir Silva, asesor político colombiano, en diálogo con Acentos. "Este Gobierno recibió un salario mínimo de un millón de pesos y lo llevará a dos millones, es decir, poco más de 500 dólares", resaltó. "Desde sectores empresariales se advirtió reiteradamente que una suba de esta magnitud provocaría un estallido del desempleo y un aumento de la inflación, algo que no es cierto", agregó.

Paraguay y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (Status of Forces Agreement, SOFA), que habilita un marco legal para profundizar la cooperación militar y en materia de seguridad. “Es un acuerdo normativo que serviría para legislar la presencia de personal civil y de guerra en Paraguay. La alianza aún no fue publicada y no sabemos qué aspectos trabajarán los funcionarios en el país, pero esperamos que haya una presentación en el Congreso”, expresó Julieta Heduván, experta en política exterior de Paraguay, en diálogo con Acentos.